Mañana, el Parlamento Europeo adoptará una postura decisiva sobre la propuesta de la Comisión Europea de retrasar la aplicación del pionero Reglamento sobre la deforestación de la UE, destinado a velar por que los productos importados a la UE sean libres de deforestación.
Mientras que el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo reconoce la necesidad de un aplazamiento de un año para dar tiempo a que las empresas cumplan la legislación, se oponen firmemente a las enmiendas propuestas por el Partido Popular Europeo (PPE), que pretenden debilitar las disposiciones del Reglamento. Esta ley histórica es fundamental en la lucha contra la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, y su ambición y esencia deben permanecer intactas.
Estas enmiendas del PPE, que solo podrían prosperar con el respaldo de la extrema derecha, amenazan con debilitar una de las iniciativas medioambientales más importantes de la UE. En caso de aprobarse estos cambios, el Grupo S&D pedirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que retire la propuesta de aplazamiento en su totalidad. Estas enmiendas no solo crearían inseguridad jurídica para las empresas, sino que también comprometerían de manera inaceptable el Pacto Verde: un compromiso fundamental que von der Leyen prometió respetar.
Christophe Clergeau, co-vicepresidente del Grupo S&D responsable del Pacto Verde, ha observado:
“La Ley de deforestación de la UE representa un compromiso fundamental con la protección de la biodiversidad de nuestro planeta y la adopción de una postura firme contra el cambio climático. Posponer la ley para dar cabida a la preparación de las empresas es una cosa, pero destriparla es otra muy distinta. Si las enmiendas del PPE y la extrema derecha prosperan, estarán atentando contra los cimientos mismos del Pacto Verde y poniendo en peligro el liderazgo medioambiental europeo. El PPE debe retirar sus enmiendas de inmediato. Si alguna de estas enmiendas se llegara a adoptar, el Grupo S&D votará en contra del texto final. Hemos de mantenernos firmes en nuestros principios en pro de nuestro planeta, nuestra gente y nuestro futuro”.
Por su parte, Delara Burkhardt, eurodiputada del Grupo S&D y negociadora de la Ley de deforestación de la UE, ha declarado:
“La Comisión Europea ofreció un compromiso sensato, proponiendo aplazar un año la aplicación del Reglamento a fin de conceder a las empresas un poco más de tiempo para adaptarse. La forma responsable de hacer política sería apoyar este compromiso equilibrado en el centro político. Sin embargo, el PPE está más interesado en los pulsos políticos.
“El enfoque de los conservadores no es solo políticamente irresponsable sino también económicamente perjudicial. Las empresas necesitan certeza. En cambio, lo único a lo que se enfrentan ahora es a mayores incertidumbres jurídicas y de planificación. Si el Parlamento Europeo, encabezado por esta mayoría de derecha liderada por el PPE, aprueba estas enmiendas, esto desencadenará nuevas negociaciones con los Estados miembros de la UE, lo que dilatará el proceso varias semanas. Las actualizaciones del Reglamento sobre la deforestación podrían extenderse hasta el nuevo año y, entretanto, podría surtir efecto el Reglamento actual, antes de que se adopte cualquier norma revisada. Con ello, la incertidumbre se prolongaría indefinidamente, lo que supondría un caos máximo para nuestras empresas y nuestros agricultores y silvicultores.
“Si se aprobaran las enmiendas del PPE, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, debería retirar la propuesta de aplazamiento en su totalidad. Estas enmiendas no solo crearían inseguridad jurídica para las empresas, sino que también comprometerían de manera inaceptable el Pacto Verde”.
Antecedentes:
El 2 de octubre, la Comisión Europea propuso aplazar un año la aplicación del Reglamento sobre la deforestación de la UE. Según el calendario original, las empresas más grandes habrían tenido que poder demostrar, a más tardar el 30 de diciembre, que la madera, el café, el cacao, el aceite de palma, la soja, el ganado bovino, el caucho o los productos derivados de estas materias primas se habían producido sin dañar los bosques. En el caso de las empresas más pequeñas, estaba previsto que el Reglamento se aplicara a partir de mediados de 2025.
Según la nueva propuesta de la Comisión, las normas se aplicarían a las grandes empresas a partir del 30 de diciembre de 2025, y a las más pequeñas a partir del 30 de junio de 2026. La necesidad de este aplazamiento en el calendario surgió a raíz de que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, no publicara hasta hace poco las directrices de aplicación para aquellas empresas que todavía tenían dudas sobre la aplicación práctica del Reglamento. Los grupos proeuropeos del centro político (S&D, Renew y los Verdes) han dejado claro que no apoyarán ningún debilitamiento del contenido de este Reglamento.
Los embajadores de los Estados miembros de la UE aprobaron provisionalmente la propuesta de la Comisión el 16 de octubre. Si el Parlamento Europeo acepta la propuesta de la Comisión tal como está ahora, el Parlamento y el Consejo podrían llegar a un acuerdo en pocos días a través del procedimiento escrito, lo que permitiría que la modificación entrara en vigor a tiempo antes del 30 de diciembre, lo que aportaría claridad a las empresas afectadas antes de que surtiera efecto el Reglamento original. Sin embargo, si el Parlamento Europeo adopta las enmiendas del PPE, serán necesarias negociaciones entre el Parlamento Europeo, los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea (el denominado “trílogo”). Todo posible acuerdo necesitaría ser confirmado en sesiones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo, y el Reglamento modificado no entraría en vigor hasta 20 días después. Esto podría dilatar el proceso varias semanas más, lo que significa que los posibles cambios no surtirían efecto hasta el año nuevo, mientras que la actual versión del Reglamento sobre la deforestación se aplicaría ya a partir del 30 de diciembre.
