Nuestro Grupo ha sido el principal impulsor de la actualización del Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y ha abogado por llevar la protección de la privacidad digital y la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas al nivel en el que deben estar en el complejo mundo digital actual. Hemos conseguido adoptar una posición del Parlamento constructiva y exhaustiva y hemos encabezado las negociaciones con el Consejo, a pesar de la importante oposición de los Estados miembros.
Gracias al impulso de nuestro Grupo, en la Ley de Inteligencia Artificial se ha añadido la obligación de que las empresas lleven a cabo una evaluación del impacto en los derechos fundamentales antes de implantar un sistema de IA con el fin de mitigar todos los riesgos para los derechos fundamentales de las personas en el contexto del uso de la IA. Asimismo, hemos prohibido el uso de la IA para la manipulación del comportamiento, la puntuación social y la identificación biométrica en tiempo real, como el reconocimiento facial en espacios públicos, a menos que esto resulte estrictamente necesario por motivos relacionados con ataques terroristas, delitos graves o para localizar a víctimas de secuestros, trata de seres humanos o explotación sexual. También hemos prohibido la actuación policial predictiva basada únicamente en la IA o la categorización de personas sobre la base de sus características personales de carácter confidencial.
Con el fin de garantizar claramente que todos los sistemas de IA presentes en la Unión que no son de alto riesgo sean éticos y se centren en las personas, nuestro Grupo ha velado por que siempre haya una adecuada supervisión humana de los sistemas de IA y por que la IA nunca sustituya al ser humano en la toma de decisiones finales. También hemos empoderado a las personas al crear una obligación de informar a aquellas personas que están sujetas a un sistema de IA, un derecho a recibir una explicación significativa, así como una obligación de mejorar la alfabetización en materia de inteligencia artificial. Esto resulta fundamental para la ejecución y el control democrático de estas normas.
También introdujimos el derecho explícito de presentar una reclamación y la posibilidad de hacer uso del recurso colectivo. Asimismo, estamos regulando los sistemas de IA generativa, como ChatGPT, que pueden aumentar la difusión de noticias falsas o ultrafalsificaciones que provocan daños a las personas o ponen en riesgo nuestros debates democráticos. Este tipo de contenido generado por IA debe etiquetarse de forma clara para que las personas estén adecuadamente informadas.
En cuanto al paquete sobre pruebas electrónicas, nuestro Grupo encabezó las negociaciones en pro de una legislación equitativa y equilibrada para que las autoridades de los Estados miembros soliciten posibles pruebas electrónicas directamente de los proveedores de servicios o pidan su preservación. Hemos garantizado la protección de los derechos fundamentales de las personas al tiempo que se ha facilitado la cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y los proveedores de servicios. También hemos garantizado que al Estado miembro del proveedor de servicios se le notifiquen las solicitudes de datos personales especialmente sensibles, a menos que el sospechoso o sospechosa resida en el país que realiza la solicitud de datos, o que el delito se haya cometido en dicho país. Hemos negociado normas claras sobre los casos en que pueden denegarse las solicitudes y nos hemos asegurado de que las normas estén en consonancia con la legislación sobre protección de datos.
Con la Ley de Servicios Digitales, hemos responsabilizado a todas las plataformas en línea de los contenidos que muestran a fin de prevenir las actividades ilegales y nocivas en línea y la difusión de desinformación, información errónea e información nociva (mal-information). Hemos prohibido la publicidad en línea basada en la elaboración de perfiles a partir de datos sensibles. La publicidad segmentada destinada a menores dejará de estar permitida. Las redes sociales tienen que ser más transparentes y proporcionar información sobre los algoritmos de sus sistemas de recomendación y ofrecer opciones de sistemas de recomendación alternativos.
Gracias al impulso del Grupo S&D, la Ley de Servicios Digitales impone obligaciones más rigurosas a las denominadas “plataformas en línea de muy gran tamaño” (VLOP, por sus siglas en inglés), como Facebook, Instagram, Amazon y X. Las VLOP tendrán que evaluar la difusión y amplificación de los contenidos ilegales y los perjuicios sociales y adoptar medidas de mitigación eficaces. Si no lo hacen, la Comisión podrá imponer multas elevadas. La Ley de Servicios Digitales se utiliza ahora para obligar a las VLOP a combatir la difusión de noticias falsas y desinformación, por ejemplo la propaganda rusa durante la guerra en Ucrania o el conflicto entre Hamás e Israel.
Con la Ley de Mercados Digitales, la UE se ha propuesto regular los monopolios digitales establecidos por los gigantes tecnológicos y crear un entorno de competencia leal. Esto afecta a los motores de búsqueda en línea (Google Search), las plataformas de vídeo (YouTube), las redes sociales (X, TikTok) y las plataformas de comunicación (WhatsApp), entre muchos otros medios. Hemos prohibido la auto-preferencia, que permitía a las plataformas publicitar sus propios servicios en detrimento de los de sus competidores. Hemos garantizado la posibilidad de crear una interoperabilidad entre las aplicaciones de mensajería, haciendo posible, por ejemplo, una comunicación entre WhatsApp y Signal, y hemos concedido a las autoridades reguladoras mayores competencias para dividir a los gigantes tecnológicos e impedir que lleven a cabo adquisiciones “asesinas”.
El Grupo S&D defiende la creación de un Certificado Europeo de Capacidades Digitales que valide y reconozca las cualificaciones y credenciales digitales de la ciudadanía en toda Europa. Actualmente se está llevando a cabo un estudio de viabilidad al respecto cuyos resultados se esperan para finales de año.
Queremos garantizar el derecho de todas las personas a que se protejan sus datos personales, se respete su privacidad en línea, y a no ser discriminadas por o a través de las aplicaciones digitales o la inteligencia artificial.
Queremos actualizar las normas sobre privacidad en la era digital, y más concretamente la confidencialidad de las comunicaciones y las normas relativas al rastreo y la vigilancia, a fin de garantizar que nuestras comunicaciones no solo sean seguras, sino también privadas, que no se nos rastree en línea sin nuestro conocimiento o consentimiento y que no se elaboren perfiles nuestros para influir en nuestros hábitos de consumo, gustos y aversiones, o nuestras opciones políticas y sociales, o para sacar provecho de ellos con el fin de obtener beneficios económicos o políticos.
Tenemos que crear normas para promover una inteligencia artificial fiable y centrada en el ser humano en Europa. El Grupo S&D se propone proteger los derechos fundamentales y la salud y la seguridad de las personas mediante el refuerzo de las salvaguardias, el empoderamiento de las personas, el aumento de la alfabetización en materia de inteligencia artificial y, cuando los riesgos sean demasiado elevados o atenten contra nuestros valores, la prohibición de determinados sistemas de IA.
Tenemos que garantizar que las normas relativas a la recopilación de pruebas electrónicas alcancen un equilibrio adecuado entre las necesidades de las autoridades policiales y judiciales, por un lado, y la protección de los derechos fundamentales de las personas, por el otro. También hemos de velar por que la ley asegure que las intrusiones en la privacidad y los datos personales sean rigurosamente proporcionales y necesarias.
Tenemos que impedir que las compañías de redes sociales creen embudos algorítmicos que lleven a sus usuarios y usuarias a consumir contenidos más radicalizados, conspirativos y causantes de indignación.
Tenemos que imponer normas a las grandes empresas tecnológicas para proteger a los usuarios, especialmente a los usuarios vulnerables. Las grandes redes sociales y plataformas digitales (Facebook, Instagram, X, Amazon, App Store) deben hacerse responsables del contenido que alojan y tomar medidas para combatir los contenidos, productos y servicios ilegales.
Hay que garantizar un mercado único digital más justo para las empresas emergentes y las pequeñas empresas haciendo que los gigantes tecnológicos como Amazon dejen de favorecer sus propios servicios frente a los de los demás.
Hay que responsabilizar a los mercados en línea por los productos ilegales que se venden en sus plataformas y garantizar que los consumidores y consumidoras puedan saber que los productos que compran son seguros y que haya personas con las que estos puedan contactar y, de der necesario, a las que pedir cuentas si este no es el caso.
Queremos garantizar que la educación digital complemente y refuerce a la educación presencial y permita ofrecer una educación adaptada a las necesidades del aprendiente, también de los grupos desfavorecidos. Además, tenemos que desarrollar oportunidades de formación para profesores y profesoras y adaptar los planes de estudios de manera que se realice el mejor uso posible de las herramientas digitales, garantizando al mismo tiempo que el aprendizaje a distancia y mixto no sustituya, sino solo complemente, a la enseñanza presencial.