Asumimos un papel de liderazgo en la Declaración de la Emergencia Climática del Parlamento Europeo en 2019, que fue adoptada por una amplia mayoría en el Parlamento Europeo.
Peleamos con éxito por unos objetivos climáticos ambiciosos en la Legislación Europea sobre el Clima: la UE tendrá que alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 y reducir en un 55 % sus emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2030.
Como forma de apoyar a los ciudadanos y ciudadanas vulnerables en la transición ecológica, logramos embarcar al Parlamento Europeo en la creación del Fondo Social para el Clima, que incorpora sólidos mecanismos de justicia social y solidaridad destinados a paliar los costes que tienen que asumir las personas más vulnerables de la sociedad. El apoyo financiero beneficiará a los hogares vulnerables (mediante la reducción de los costes de aislamiento o dando acceso a fuentes de energía renovables en el hogar como bombas de calor o placas solares) y a los usuarios vulnerables del transporte en su transición hacia modos de transporte de emisión cero. El Fondo Social para el Clima debería proporcionar hasta 65.000 millones de euros en financiación de la UE a lo largo del período 2026-2032.
Logramos reunir una mayoría progresista en el Parlamento Europeo para ajustar los pilares fundamentales del paquete de medidas “Objetivo 55” al objetivo climático de la UE para 2030 de reducir las emisiones en un 55 %, incorporando disposiciones específicas para una transición justa. Estos pilares fundamentales incluyen el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), el Reglamento de reparto del esfuerzo (RRE), el Reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS), el Reglamento sobre normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de turismos y furgonetas, el Reglamento sobre la infraestructura para los combustibles alternativos, así como las revisiones de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, la Directiva de eficiencia energética y la Directiva sobre fuentes de energía renovables.
Hemos conseguido un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) ambicioso, que cubre alrededor del 50 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Hemos logrado reforzar el principio de que “quien contamina paga” fijando fechas tempranas de eliminación gradual de las asignaciones gratuitas de CO2 para la industria (generación de electricidad y calor, industrias de uso intensivo de energía), así como ampliar el ámbito de aplicación del nuevo RCDE para que abarque las emisiones cada vez más problemáticas de los sectores marítimo y de la aviación.
Para garantizar la igualdad de condiciones en la descarbonización de las industrias europeas, pusimos un precio al carbono que se emite durante la producción de los bienes intensivos en carbono que entran en la UE y fomentamos una producción industrial más limpia en los países no pertenecientes a la Unión. Por lo tanto, elevamos la ambición del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) mediante la ampliación de su alcance, la aplicación de un modelo de gobernanza más centralizado y garantizando una introducción progresiva de dicho mecanismo, equilibrada pero ambiciosa, junto con la eliminación gradual de las asignaciones gratuitas del RCDE. Aquellos que contaminen pagarán allá donde se encuentren, incluso si es fuera de la Unión Europea.
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) es una herramienta histórica destinada a poner un precio justo al carbono que se emite durante la producción de los bienes intensivos en carbono que entran en la UE y a fomentar una producción industrial más limpia en los países no pertenecientes a la Unión. El Grupo S&D consiguió que el MAFC fuera más ambicioso y estuviera mejor preparado para el futuro ampliando su ámbito de aplicación, aplicando un modelo de gobernanza más centralizado y garantizando que la introducción progresiva de dicho mecanismo y la eliminación gradual de las asignaciones gratuitas del RCDE se produzcan de una manera equilibrada a la vez que ambiciosa.
Nos hemos esforzado por limitar el uso de gases fluorados (gases F) en la UE debido a su elevado potencial de emisión de gases de efecto invernadero. Estos gases son hasta 25.000 veces más dañinos para el clima que el CO2, por lo que su reducción resulta fundamental para evitar que se agraven el calentamiento global y sus devastadores efectos medioambientales y sociales.
Hemos luchado con éxito por una red sólida y de alta calidad de infraestructuras de combustibles alternativos en toda la Unión, lo que se ha materializado en el Reglamento sobre la infraestructura para los combustibles alternativos (AFIR), que establece objetivos vinculantes para los Estados miembros y se adecúa a los fines perseguidos, un elemento fundamental para alinear el sector del transporte con los objetivos climáticos de la UE. Asimismo, con los Reglamentos “FuelEU Maritime” y “RefuelEU Aviation”, la Unión, gracias a nuestro impulso, está tomando primeras medidas fundamentales para promover combustibles alternativos en los sectores marítimo y de la aviación. Los esfuerzos del S&D han sido cruciales para garantizar un nivel aceptable de ambición y mejorar las propuestas de la Comisión.
Hemos trabajado sin descanso para incentivar modos de transporte más sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético, como el ferrocarril y el transporte por vías navegables interiores. El objetivo es acelerar aún más la descarbonización del sistema de transporte de la Unión. En particular, en el marco de la revisión de la red transeuropea de transporte (RTE-T), hemos garantizado el firme compromiso de crear más y mejores conexiones y servicios de transporte por ferrocarril y vías navegables. Esto es fundamental para propiciar que más sistemas de transporte de mercancías y pasajeros pasen de la carretera al ferrocarril y las vías navegables.
Queremos adaptar la legislación de la UE al objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar los aumentos de temperatura a 1,5 °C a fin de evitar efectos drásticos en el cambio climático.
Queremos proteger a todas las sociedades y economías europeas de los efectos más peligrosos de la crisis climática. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones, las sequías, los incendios forestales y las olas de calor, son cada vez más frecuentes e intensos, con lo que se deteriora aún más nuestro medio ambiente, se destruye la biodiversidad y se comprometen nuestro bienestar y nuestras necesidades esenciales, como la producción alimentaria. Por este motivo, hemos de fijar el mayor objetivo climático alcanzable para el año 2030, con el fin de conseguir la neutralidad climática de aquí a 2050. Esta es la mejor manera de superar la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad y de ayudar a nuestras economías a cumplir este objetivo.
Queremos intensificar el despliegue de las energías renovables y las medidas de eficiencia energética a través de objetivos energéticos ambiciosos para el año 2030, y convertirlos en objetivos nacionales vinculantes. Es imprescindible realizar un consumo sostenible de energía, además de reducir el uso de combustibles fósiles, que es la principal causa del calentamiento global.
Nos esforzamos por garantizar la participación de todos los sectores industriales en la consecución del objetivo climático de la UE para 2030 mediante la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, que ofrece incentivos económicos a una amplia gama de industrias altamente contaminantes para que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Queremos reducir nuestra dependencia de fuentes de energía contaminantes, mediante la descarbonización de nuestro sistema energético, así como una mayor eficiencia energética y la eliminación progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles y otras subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. La transición de los combustibles fósiles a las energías renovables no solo beneficiará al clima, sino también a la salud de las personas gracias a la reducción de la contaminación atmosférica en las ciudades.
Queremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte al tiempo que se fomenta una movilidad accesible y asequible. Esta iniciativa debe garantizar a la ciudadanía un acceso cómodo y asequible a soluciones de movilidad inteligentes y sostenibles. Para descarbonizar eficazmente el transporte de pasajeros y mercancías, es fundamental reforzar los objetivos en materia de tecnologías de emisión cero y combustibles alternativos, así como las infraestructuras correspondientes.
No queremos que nadie se quede atrás en esta transición, centrándonos especialmente en los trabajadores y trabajadoras y en la creación de empleo de calidad en los ámbitos más afectados por el aumento de la ambición climática. Nos proponemos atajar la pobreza energética apoyando a los hogares vulnerables con programas de renovación de edificios. Tenemos que apoyar a los usuarios vulnerables del transporte en la transición hacia una movilidad sin emisiones de carbono. También hemos de apoyar a los agricultores y agricultoras, que son los más golpeados por el impacto del cambio climático, y asistirles en la transición hacia unas prácticas agrícolas más sostenibles y respetuosas con el clima.
Queremos aplicar regímenes de protección social ecológicos a escala nacional con el apoyo de la Unión. El objetivo es reforzar la resiliencia social frente a los efectos del cambio climático y preparar a las comunidades afectadas por la transición ecológica para los cambios en el mercado de trabajo.