Con la Ley de Servicios Digitales, hemos responsabilizado a todas las plataformas digitales de los contenidos que muestran. Hemos prohibido la publicidad en línea basada en la elaboración de perfiles a partir de datos sensibles. La publicidad segmentada destinada a menores dejará de estar permitida. Las redes sociales tienen que ofrecer más transparencia e información sobre los algoritmos de sus sistemas de recomendación y ofrecer opciones de sistemas de recomendación alternativos.
El Reglamento sobre la Seguridad General de los Productos se propone garantizar que todos los productos que los consumidores puedan comprar en el mercado de la UE (juguetes, patinetes, auriculares inalámbricos, etc.), tanto en línea como fuera de línea, sean seguros. El Grupo S&D se aseguró de que a cada uno de los productos comercializados en el mercado único se le asigne una persona responsable que garantice la seguridad del producto y su cumplimiento con las normas de seguridad de la UE, también en el caso de los productos directamente importados de terceros países. Si se retira algún producto, los operadores tendrán que ofrecer a los consumidores al menos dos de las siguientes opciones: sustitución, reembolso o reparación.
Gracias a la revisión de la Directiva sobre la responsabilidad de los productos, el Grupo S&D logró adaptar las viejas normas a la era digital. Gracias a nuestro Grupo, los consumidores y consumidoras recibirán una compensación por los daños y perjuicios provocados por productos basados en software (p. ej., antivirus, programas informáticos autónomos), los daños a su salud psicológica o la pérdida o corrupción de sus datos. Asimismo, los mercados en línea se harán responsables de los productos defectuosos y también asumirán la responsabilidad en los casos en que no haya indemnización. Por último, gracias al Grupo S&D, se reducirá el umbral de la prueba para los consumidores y consumidoras cuando estos afronten dificultades como consecuencia del alto nivel técnico y la complejidad científica de los productos.
Gracias al impulso de nuestro Grupo, en la Ley de Inteligencia Artificial se ha añadido la obligación de que las empresas lleven a cabo una evaluación del impacto en los derechos fundamentales antes de implantar un sistema de IA de algo riesgo; de esta manera, todos los riesgos para los derechos fundamentales de las personas en el contexto de uso se mitigarán antes de que se utilice el sistema de IA.
Asimismo, hemos prohibido la utilización de la IA para la manipulación del comportamiento, la puntuación social y la identificación biométrica en tiempo real, como el reconocimiento facial en espacios públicos, a menos que esto resulte estrictamente necesario por motivos relacionados con ataques terroristas, delitos graves o para localizar a víctimas de secuestros, trata de seres humanos o explotación sexual. También hemos prohibido la actuación policial predictiva basada únicamente en la IA o la categorización de personas sobre la base de sus datos personales de carácter confidencial.
Con el fin de garantizar claramente que los sistemas de IA presentes en la Unión que no son de alto riesgo sean éticos y se centren en las personas, nuestro Grupo estableció principios generales para los sistemas de IA, entre los que se encuentran la privacidad, la no discriminación, la equidad y el bienestar social y medioambiental.
También empoderamos a las personas al crear una obligación de informar a aquellas personas que están sujetas a un sistema de IA, un derecho a recibir una explicación significativa, así como una obligación de mejorar la alfabetización en materia de inteligencia artificial, lo cual será necesario para la ejecución y el control democrático. Asimismo, introdujimos el derecho explícito de presentar una reclamación y la posibilidad de hacer uso del recurso colectivo.
También estamos regulando los sistemas de IA generativa, como ChatGPT, que pueden aumentar la difusión de noticias falsas o ultrafalsificaciones que provocan daños a las personas o ponen en riesgo nuestros debates democráticos. Este tipo de contenido generado por IA debe etiquetarse de forma clara para que las personas estén adecuadamente informadas.
Bajo el liderazgo del Grupo S&D, hemos garantizado —a través de la Directiva sobre el cargador común— que los consumidores y consumidoras ya no tengan que comprar un nuevo cargador cada vez que adquieran un nuevo teléfono móvil, cámara o tableta (otoño de 2024). También hemos ampliado el ámbito de aplicación de la normativa sobre el cargador común para que incluya los ordenadores portátiles (principios de 2026). Esta es una gran victoria que ayudará a reducir los residuos electrónicos en entre 11.000 y 13.000 toneladas al año. A pesar de la fuerte oposición de los grandes operadores como Apple, el iPhone 15 de Apple, lanzado en el otoño de 2023, contiene un cargador USB tipo C y cumple por tanto con la legislación de la UE. Con estas nuevas obligaciones, los consumidores y consumidoras ahorrarán colectivamente hasta unos 250 millones de euros al año en compras innecesarias de cargadores.
Con la adopción de la Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica estamos garantizando una mejor protección de los consumidores frente a las prácticas desleales (lavado verde, obsolescencia prematura, etc.). Alrededor del 50 % de las alegaciones medioambientales que se realizan en la UE son imprecisas. Por ello, gracias al impulso del Grupo S&D, estamos prohibiendo alegaciones como “respetuoso con el medio ambiente”, “natural” o “biodegradable” si no van acompañadas de pruebas del excelente comportamiento medioambiental reconocido al que alude la declaración. Estamos prohibiendo las alegaciones basadas en programas de compensación de emisiones que afirman que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente, que son sumamente engañosas para los consumidores y a las que suelen recurrir las compañías aéreas. Estamos yendo un paso más allá en cuanto a la prohibición de la obsolescencia prematura, dado que estamos prohibiendo las comunicaciones comerciales sobre bienes que usan estas prácticas. Por último, estamos dando mayor visibilidad a la información sobre la garantía legal, incluida una etiqueta que podrán utilizar los productores dispuestos a indicar claramente qué productos duran más, con el fin de ayudar a los consumidores/as a comprar aquellos productos que sean más duraderos.
Gracias a la adopción del denominado “derecho a reparar”, los consumidores y consumidoras gozarán de nuevos derechos que harán que las reparaciones resulten más sencillas y atractivas una vez que haya expirado la garantía legal. Los fabricantes estarán obligados a reparar productos habituales de uso doméstico como lavadoras, aspiradoras e incluso teléfonos inteligentes, con la posibilidad de añadir más productos a la lista con el tiempo. Los reparadores y usuarios/as finales tendrán acceso a piezas de recambio a un precio razonable que no disuada de la reparación. En el marco de la garantía legal, se incentivará la reparación con una ampliación de un año de dicha garantía si se reparan los productos.
Se estima que en 2021 casi 28 millones de personas de todo el mundo estaban sometidas a trabajos forzosos, 3 millones más que en 2016. Gracias al Grupo S&D, la Unión Europea por fin dispondrá de un instrumento sólido y eficaz para prohibir los productos elaborados con trabajo forzoso en el mercado de la Unión. Esta nueva ley se basará en los productos, no en las empresas, lo que significa que todas las empresas tendrán que acatar la prohibición si se detecta la existencia de trabajo forzoso en algún eslabón de su cadena de suministro. Esta es sin duda una buena noticia para todas las empresas que sufren la competencia desleal de empresas que recurren al trabajo forzoso. Conforme a las nuevas normas, la Comisión podrá investigar casos de trabajo forzoso fuera de la Unión Europea, mientras que los Estados miembros llevarán a cabo investigaciones dentro de la UE.
“Lo que es ilegal fuera de línea debería serlo también en línea”. Todos los europeos y europeas deben quedar igualmente protegidos tanto en línea como fuera de línea.
Queremos crear y aplicar determinadas normas para las grandes empresas tecnológicas, a fin de proteger a los usuarios y usuarias, especialmente a los más vulnerables, y respetar los derechos fundamentales. Las grandes redes sociales y las plataformas digitales como Facebook, Instagram, X, Amazon y la App Store deben hacerse responsables del contenido que alojan y tomar medidas para combatir los contenidos, productos y servicios ilegales.
Queremos responsabilizar a los mercados en línea como Amazon de los productos ilegales que se venden en sus plataformas, y garantizar que los consumidores y consumidoras puedan saber si los productos que compran son seguros.
Estamos luchando por crear normas para promover una inteligencia artificial (IA) fiable y centrada en el ser humano en Europa. El Grupo S&D aspira a proteger la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas mediante el refuerzo de las salvaguardias, el empoderamiento de las personas, el aumento de la alfabetización en materia de inteligencia artificial y, cuando los riesgos sean demasiado elevados o atenten contra nuestros valores, la prohibición de determinados sistemas de IA.
Estamos promoviendo leyes que combatan el diseño adictivo de los servicios en línea y prohíban técnicas adictivas perjudiciales como el “scroll” (deslizamiento) sin fin o la reproducción automática por defecto.
Apoyamos el consumo sostenible y la economía circular poniendo freno al lavado verde y garantizando que todos los productos que se vendan como “ecológicos” sean realmente “ecológicos”.
Tenemos que garantizar que todo producto fabricado con trabajo forzoso quede fuera de Europa.