A finales de 2023, alcanzamos un acuerdo histórico sobre nuevas normas pioneras que establecerán un nuevo criterio global sobre conducta empresarial, garantizando que las grandes empresas estén obligadas a prevenir, mitigar y subsanar los abusos en sus cadenas de valor, y a aplicar planes de mitigación del cambio climático. Gracias al trabajo del Grupo S&D, siempre que el proveedor de una empresa practique explotación laboral en su fábrica, tendrá que tomar medidas para detenerla o de lo contrario se enfrentará a sanciones. Las víctimas de abusos empresariales también podrán obtener justicia mucho más fácilmente.
Con el decidido respaldo del Grupo S&D, la UE adoptó una nueva ley que arrojará luz sobre la conducta empresarial y garantizará que las empresas sean más transparentes en cuanto a su impacto ambiental y social. Los datos sobre sostenibilidad serán comparables, significativos y accesibles. Los nuevos procesos de información y auditoría ayudarán a que las empresas rindan cuentas y a acabar con el “lavado verde”.
En diciembre de 2023 conseguimos un acuerdo histórico sobre la nueva ley de la UE destinada a proteger a los trabajadores y trabajadoras de plataforma. A pesar de las agresivas presiones de las grandes empresas digitales, estamos creando una legislación que protegerá a los trabajadores y trabajadoras especialmente vulnerables. Esta mejorará considerablemente los derechos sociales y laborales de los trabajadores de la economía de bolos que ofrecen sus servicios en Uber, Deliveroo y plataformas similares, preservará el verdadero trabajo autónomo y protegerá a los buenos empleadores frente a la competencia desleal.
Los y las Socialistas y Demócratas han logrado normas más estrictas para luchar por una nueva ley de la UE que prevenga eficazmente el daño ambiental y aborde los nuevos delitos medioambientales, incluido un delito cualificado para los casos más graves que siente las bases del ecocidio (incendios forestales, contaminación generalizada o accidentes industriales). La nueva ley también impondrá sanciones más severas a aquellas personas declaradas culpables de delitos contra el medio ambiente. Esto debería disuadir a las empresas de beneficiarse a costa del planeta.
Tras diez años de estancamiento por culpa de algunos gobiernos conservadores, el Parlamento, liderado por el Grupo S&D, adoptó una nueva ley que impulsará la paridad de género en la toma de decisiones económicas mediante la introducción de cuotas de mujeres en los consejos de administración. Se espera que estas cuotas no solo mejoren el rendimiento empresarial, sino que también repercutan en que vaya habiendo más mujeres en puestos directivos.
Los y las Socialistas y Demócratas hemos dirigido el trabajo del Parlamento en materia de fiscalidad. La UE ha empezado a poner fin al “salvaje oeste fiscal”. El Grupo S&D ha luchado por una sólida posición de la UE sobre fiscalidad mínima efectiva para las grandes empresas. Hoy, la UE aplica un tipo impositivo efectivo mínimo del 15 %, que se está convirtiendo en la norma a nivel mundial. También con el impulso del Grupo S&D, la UE ha acordado que cualquier persona pueda comprobar si las grandes empresas están pagando sus impuestos en el lugar en que operan, gracias a las nuevas normas sobre presentación de informes públicos país por país.
Los y las Socialistas y Demócratas hemos estado al frente de cada uno de los pasos del plan de la UE para unas finanzas sostenibles, que contiene requisitos de transparencia para los productos financieros y establece una regla de oro de la UE para definir las inversiones medioambientalmente sostenibles (la denominada “taxonomía de la UE”).
Hemos luchado por establecer unas normas que obliguen a las empresas a responsabilizarse de las personas y el planeta, y a ser más transparentes sobre su impacto medioambiental y social. Hoy, alrededor de 25 millones de personas se ven sometidas a trabajos forzados. Además, las prácticas empresariales peligrosas son responsables de la mayor parte de la deforestación que se produce en el mundo. Como el mayor mercado único del mundo, la UE no puede hacer la vista gorda. Tiene el poder de reparar la cadena dañada obligando a las grandes empresas a poner fin a las violaciones de los derechos humanos y los abusos contra el medio ambiente dondequiera que operen: en todo el mundo y en sus cadenas de valor mundiales.
Hemos luchado por conseguir una ley histórica de la UE destinada a proteger a los trabajadores y trabajadoras vulnerables en la economía digital. Esta ha sido una demanda clave del Grupo S&D en el actual mandato ya que aspectos como el cada vez mayor uso de las tecnologías digitales, la creciente popularidad del comercio electrónico y el auge de la informática en la nube están impulsando el rápido incremento de la economía digital como parte de la economía en su conjunto. Las personas más ricas están disfrutando de manera desproporcionada de los beneficios de la economía digital, mientras que los trabajadores y trabajadoras con salarios más bajos han visto mermados sus derechos, condiciones de trabajo y protección social. En diciembre de 2023, el Parlamento, encabezado por el Grupo S&D, alcanzó un acuerdo histórico sobre el trabajo en plataformas que establece una nueva norma social en toda la UE y garantiza derechos, condiciones laborales dignas y protección social para los trabajadores y trabajadoras de plataforma.
Estamos peleando por garantizar la representación paritaria de las mujeres, también en la toma de decisiones económicas. Hoy en día, menos de uno de cada diez directores generales de las empresas más destacadas son mujeres. Al aumentar el número de mujeres en puestos directivos, promoveremos la justicia social y la prosperidad, dada la relación demostrada entre un mejor rendimiento empresarial y una mayor diversidad de puntos de vista entre quienes ocupan puestos influyentes en una empresa.
Estamos promoviendo una posición de tolerancia cero con respecto a los delitos medioambientales que tienen enormes consecuencias para la salud de las personas y el medio ambiente, como la emisión o el vertido ilegal de sustancias al aire, el agua o el suelo, o el comercio ilegal de fauna y flora silvestres. Hoy, los delitos contra el medio ambiente representan la cuarta actividad delictiva en el mundo, por detrás del tráfico de drogas, de armas y la trata de seres humanos. Es por ello que luchamos por conseguir normas que prevengan el daño ambiental y castiguen a los “contaminadores en serie” que se lucran a costa del planeta. Los daños a la salud humana y al medio ambiente deben pagarse muy caros.
Estamos luchando contra la evasión y el fraude fiscal por parte de las grandes empresas. Los europeos y europeas exigen justicia fiscal, que solo será posible si todas las empresas, también las grandes multinacionales, pagan los impuestos que les corresponden. Llevamos años presionando a favor de una imposición fiscal armonizada de las grandes empresas. Tras dos intentos fallidos en 2011 y 2016 —debido a la resistencia de algunos paraísos fiscales de la UE— ahora tenemos nuevas propuestas legislativas. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que el tercer intento obtenga resultados positivos. En este momento hay negociaciones en curso sobre una propuesta, respaldada por el S&D, para armonizar la base imponible de las grandes empresas.
Estamos luchando por una transición a una economía de cero emisiones netas, que exige normas para movilizar cuantiosas inversiones ecológicas. Los y las Socialistas y Demócratas están encabezando las negociaciones sobre unas normas de diligencia debida para las instituciones financieras y un ambicioso Reglamento sobre las calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para garantizar la transparencia y prevenir los conflictos de intereses de los proveedores de calificaciones.