Hoy, hasta 2 millones de niños y niñas pueden tener dificultades(opens in a new tab) para que un Estado miembro reconozca su filiación cuando esta se ha establecido en otro Estado miembro. Por ello, la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, gracias al impulso del Grupo S&D, adoptó un informe que garantiza que todos los niños y niñas tengan los mismos derechos en la UE y mantengan su condición jurídica en situaciones transfronterizas independientemente de su situación familiar. Esto incluye, por ejemplo, el derecho a la manutención y los derechos sucesorios, así como el derecho a la escolarización y la educación en otro Estado miembro. Dado que este procedimiento legislativo solo prevé la consulta al Parlamento, los Estados miembros tendrán la última palabra a la hora de aprobar este importante Reglamento, cuyas negociaciones se encuentran desafortunadamente bloqueadas en este momento porque los Estados miembros no han conseguido llegar a un acuerdo. Parece que una posible salida sería que el Reglamento solo fuera adoptado por los Estados miembros que lo apoyan recurriendo al procedimiento de cooperación reforzada. El hecho de que el Parlamento permanezca unido en torno al informe, fruto de los esfuerzos de la eurodiputada del S&D Maria Manuel Leitão Marques, ha transmitido un importante mensaje al Consejo para que apruebe sin más dilación este Reglamento: ningún menor debería sufrir discriminación por el modo en que ha nacido o el tipo de familia a la que pertenece.
Según un informe de 2022 de la organización “Coalition Against SLAPPs in Europe”, entre 2010 y 2021, se detectaron 570 casos de demandas estratégicas contra la participación pública (DECPP) en más de 30 jurisdicciones europeas. Gracias al liderazgo del eurodiputado del Grupo S&D y ponente del PE Tiemo Wölken, la nueva Directiva contra las DECPP garantizará toda una serie de medidas importantes para proteger a aquellas personas objeto de procesos judiciales abusivos que buscan coartar el discurso público sobre cuestiones importantes para la sociedad y el adecuado funcionamiento de nuestras democracias. Algunas de estas medidas son el tratamiento general acelerado de tales litigios transfronterizos, la desestimación temprana de los casos manifiestamente infundados, el derecho al reembolso íntegro de las costas y la indemnización por daños y perjuicios para aquellas personas erróneamente acusadas, la recogida de datos pertinentes y la sensibilización, y la prestación de asistencia jurídica, financiera y psicológica a través de un punto de contacto único en cada Estado miembro.
Los y las Socialistas y Demócratas hemos conseguido normas más estrictas en materia de protección de los trabajadores que garantizan salarios justos, condiciones laborales dignas y una igualdad de trato para todos los trabajadores y trabajadoras móviles de la Unión, incluidos los trabajadores/as transfronterizos y temporeros. La creación de la Autoridad Laboral Europea (ALE) en julio de 2019 fue por tanto un gran logro. Esta autoridad es un actor clave en la aplicación de las normas de la Unión sobre movilidad laboral y coordinación de la seguridad social. Apoya la coordinación entre los Estados miembros para la ejecución transfronteriza, incluidas las inspecciones conjuntas y la mediación para resolver litigios transfronterizos. Asimismo, presta servicios de apoyo a los trabajadores y trabajadoras móviles, a los empleadores y a los interlocutores sociales, y participa activamente en la lucha contra el trabajo no declarado.
Hemos mantenido el plazo para la realización del Espacio Europeo de Educación hasta 2025 a más tardar y hemos propuesto medidas para seguir implantando la educación digital, de manera que se garantice que el personal educativo reciba la formación adecuada y que las personas de entornos vulnerables no queden excluidas. El reconocimiento de las experiencias de aprendizaje adquiridas a través de la formación y la educación profesional junto con el reconocimiento más tradicional de los diplomas se ha identificado claramente como próximo paso a seguir, tal como destaca el informe intermedio de aplicación de 2023 de la Comisión sobre la Recomendación del Consejo relativa a la promoción del reconocimiento mutuo automático de las cualificaciones de educación superior y de educación secundaria postobligatoria.
Hemos contribuido a duplicar el presupuesto de Erasmus+ para el período 2021-2027 en comparación con la anterior edición y a reforzar los objetivos de inclusión en todo este programa emblemático, de manera que sea accesible y asequible para todos y todas. También se llama la atención sobre la necesidad de atender al bienestar mental de la juventud e implicarla más sistemáticamente en la elaboración de políticas y la toma de decisiones.
Ningún menor debería sufrir discriminación por el modo en que ha nacido o el tipo de familia a la que pertenece. En la actualidad, una misma familia puede verse sometida a leyes distintas en distintos Estados miembros para determinar la filiación de un menor. Esto implica que los menores pueden perder a sus progenitores, en términos jurídicos, cuando entran en otro país. Los y las Socialistas y Demócratas luchamos por garantizar que una vez que se ha establecido una relación parental en un país de la UE, esta se reconozca en todos los países de la UE.
Estos son elementos fundamentales para el adecuado funcionamiento de nuestras sociedades democráticas y el respeto del Estado de Derecho. Toda persona que realice actos de participación pública, por ejemplo artículos de prensa, investigaciones periodísticas o protestas pacíficas, debe poder hacerlo sin miedo a la intimidación o al acoso. Tenemos que proteger los derechos fundamentales de expresión, información y asociación en toda la UE. Para conseguirlo, hemos de aplicar una directiva que introduzca medidas para proteger a aquellas personas que se expresan sobre cuestiones de interés público, como los y las periodistas.
La libre circulación de trabajadores en la UE es una libertad fundamental y un elemento esencial del éxito del mercado interior. La libre circulación de servicios no debe menoscabar los derechos de los trabajadores y trabajadoras ni los derechos sociales. Sin embargo, sigue habiendo empresarios sin escrúpulos, agencias de contratación fraudulentas y dudosos intermediarios del mercado laboral que buscan resquicios legales para explotar a los trabajadores y trabajadoras móviles. A fin de proteger los derechos de más de 1,7 millones de trabajadores/as móviles en la UE, tenemos que reforzar el mandato de la Autoridad Laboral Europea (ALE) para facilitar la aplicación de legislación de la Unión y garantizar una movilidad justa, así como para presionar para que se revise la Directiva sobre las empresas de trabajo temporal a fin de frenar a los intermediarios del mercado laboral y las empresas de trabajo temporal que no cumplen con la legislación de la Unión. Pedimos que se introduzca una tarjeta europea de seguridad social, que la Comisión Europea prometió ya en 2018, como instrumento de ejecución a escala de la Unión para coordinar los sistemas de seguridad social y garantizar la movilidad laboral justa.
Queremos conseguir una educación inclusiva, accesible, asequible y de calidad para todo el mundo, en cualquier momento de sus vidas. Tenemos que poder movernos libremente en la Unión sin miedo a que nuestra educación, formación o experiencia laboral no queden reconocidas a través de las fronteras de los Estados miembros. Sin embargo, el abandono escolar es todavía una realidad en varios países, carecemos de vías flexibles y modulares de aprendizaje para aprendientes de todas las edades y el reconocimiento de títulos y experiencias de aprendizaje todavía no es automático en Europa. El Espacio Europeo de Educación tiene por objeto subsanar estas deficiencias: necesitamos que sea una realidad para el año 2025.
Asimismo, las políticas educativas deberían abordar de forma prioritaria las desigualdades sociales agravadas por el confinamiento impuesto por la pandemia de Covid-19, que evitó que muchos niños y niñas de zonas remotas y familias con menos recursos accedieran a una educación de calidad, y arrojó luz sobre el estrés psicológico que sufren algunos jóvenes aprendientes.
Hacer que el voto en las elecciones europeas sea más accesible para los ciudadanos y ciudadanas de la Unión no nacionales (los denominados “ciudadanos móviles”) es una prioridad absoluta de cara a aumentar su participación en las elecciones y garantizar el principio de no discriminación, teniendo en cuenta que más de 17 millones de ciudadanos y ciudadanas de la UE residen o trabajan actualmente en el extranjero, según datos de la Comisión Europea.