La Directiva sobre transparencia retributiva exige a todas las empresas que divulguen información que facilite la comparación de salarios a todas las personas que trabajan para el mismo empleador. Las empresas con cien o más empleados/as tendrán que buscar soluciones si la brecha salarial supera el cinco por ciento y no se permitirá a los encargados de las contrataciones preguntar a los candidatos y candidatas por su salario actual. El Grupo S&D ha conseguido disposiciones firmes sobre sanciones y multas por incumplimiento, que serán fundamentales para garantizar que las empresas realmente se tomen en serio esta Directiva.
También hemos reforzado el papel de los interlocutores sociales en la aplicación de la Directiva y garantizado que la carga de la prueba en casos de discriminación salarial recaiga en las empresas y los empleadores, que tendrán que demostrar lo contrario.
Asimismo, insistimos en la prohibición de las cláusulas de secreto salarial, lo que ha permitido que ahora todos los trabajadores y trabajadoras compartan información sobre su retribución tanto interna como externamente a fin de defender su derecho a la igualdad de retribución.
Esta Directiva supone un paso importante para romper el patrón de las desigualdades salariales. Sin embargo, como Socialistas y Demócratas, nos habría gustado que todas las empresas, independientemente de su tamaño, quedaran incluidas en todo el ámbito de aplicación de la Directiva. Lo pelearemos en una futura revisión de la Directiva.
La Directiva sobre las mujeres en los consejos de administración por fin se ha adoptado tras un bloqueo de una década por parte de los gobiernos conservadores, y gracias a los continuos llamamientos y negociaciones de nuestro Grupo en favor de esta ley histórica. Establece objetivos vinculantes para mejorar la paridad de género en los consejos de administración en Europa. Esto no solo es un éxito para el Grupo S&D sino también para las empresas europeas, porque las empresas de más éxito son aquellas que tienen una mayor diversidad en sus consejos de administración.
Esta Directiva introduce ahora un procedimiento abierto y transparente para garantizar que, como mínimo, el 40 % de los miembros de los consejos no ejecutivos de las empresas de la UE sean mujeres de aquí a 2026, con la introducción de cuotas tanto en los consejos ejecutivos como no ejecutivos, con un requisito mínimo general del 33 %.
Los Estados miembros tienen que establecer un sistema de sanciones para las empresas que incumplan las nuevas leyes y se creó una lista en la que se mostrará con claridad qué empresas cumplen los objetivos.
Ahora les corresponde a los Estados miembros aplicar esta Directiva. El Grupo S&D lo vigilará de cerca en el próximo mandato.
La UE por fin ha ratificado el Convenio de Estambul del Consejo de Europa: el instrumento internacional más exhaustivo para combatir la violencia contra las mujeres que ha existido hasta la fecha. Gracias a la campaña realizada por nuestro Grupo y su insistente presión, seis años después de que la UE firmara el Convenio de Estambul, el Consejo por fin ha superado la oposición de la minoría conservadora y ha acordado la ratificación y la adhesión de la UE a partes de este tratado.
El Parlamento Europeo sostiene que los derechos de las mujeres y la salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y pide que se despenalice el aborto en todos los Estados miembros. En una votación histórica celebrada en junio de 2021, y a pesar de la enorme movilización de los movimientos contra la ideología de género y el derecho a decidir, y de las maniobras de última hora del PPE, el Pleno adoptó una resolución progresista. En ella se solicitaba que se garantizara el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la UE sin discriminación, incluida la atención del aborto segura y legal. Hemos estado esperando casi una década para transmitir este claro mensaje de que las mujeres no son ciudadanas de segunda.
Bajo el liderazgo del Grupo S&D, el Parlamento Europeo adoptó una resolución no legislativa en la que se pedía un enfoque europeo con respecto a la prostitución, que despenalizara a las personas en situación de prostitución y brindara apoyo a aquellas que desean abandonarla. Este informe supone una clara señal de apoyo a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que se están viendo arrastradas a un sistema de violencia, y reclama medidas a escala de la UE para acabar con un sistema que beneficia a los tratantes de personas y los proxenetas.
Tras años de llamamientos por nuestra parte, la Comisión Europea por fin presentó la propuesta de la primera ley europea destinada a combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Esta propuesta de ley adopta un enfoque global para abordar la violencia de género, incluida la sexual, que abarca la prevención, la protección y el enjuiciamiento.
Fundamentalmente, la ley propone seis delitos que se reconocerían a escala de la Unión y que por ende se definirían y enjuiciarían de la misma manera en todos los países de la UE. Entre ellos se incluye el delito de violación basado en la falta de consentimiento, tal como se define en el Convenio de Estambul. Actualmente, solo trece países de la UE cuentan con leyes que definen la violación como sexo sin consentimiento. Otros exigen que las víctimas demuestren que se ha hecho uso de la fuerza o de amenazas para que el acto se pueda considerar violación.
Para el Grupo S&D, es una prioridad fundamental fijar una definición de violación basada en el consentimiento en esta Directiva, ya que creemos que las leyes guían actitudes y generan cambios en las sociedades que en última instancia ayudarán a prevenir la violencia sexual. Hasta el momento, los gobiernos nacionales de la UE se han negado, pero estamos decididos y decididas a librar esta batalla con el objetivo de conseguir una Directiva ambiciosa.
La Directiva también propone la tipificación penal de la ciberdelincuencia y la mutilación genital femenina, así como disposiciones sobre asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia y educación integral sobre sexualidad y relaciones centrada en educar sobre consentimiento, límites y la responsabilidad de los hombres en los esfuerzos por acabar con la violencia de género. Esto se ejecutaría a través de acciones concretas como campañas de sensibilización que cuestionen los estereotipos de género que ayudan a perpetuar la violencia contra las mujeres, medidas para evitar que se repita la violencia mediante el desarrollo de métodos para trabajar con los autores, y directrices y formación para los jueces y juezas, fiscales, la policía y todas aquellas autoridades que tratan con víctimas de violencia de género.
Los derechos de las mujeres deben garantizarse para todas las mujeres en todo el territorio de la UE, lo que todavía no es el caso a día de hoy. El Grupo S&D ha presentado una propuesta de Carta de los Derechos de la Mujer de la UE para establecer unas normas uniformes para toda la Unión y que sirva de guía hacia la igualdad de género en todas las políticas a escala europea y nacional. Esta Carta también reafirma el compromiso del Grupo S&D con la consecución de la plena igualdad de género en la UE y garantiza el respeto y la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, al tiempo que evita retrocesos.
Los derechos de las mujeres y su acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos están en peligro, no solo en la UE sino también a nivel mundial. La penalización del aborto no reduce el número de abortos, sino que lo único que hace es obligar a las mujeres a buscar abortos clandestinos con los que ponen en riesgo su salud y su vida. Se trata de una grave violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género. Por consiguiente, el derecho a un aborto gratuito, seguro y legal debe reconocerse en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
Las mujeres de la UE se enfrentan al azote de la violencia sexual y de género, una violación generalizada de sus derechos humanos, incluidos el derecho a la autonomía física y la integridad y el derecho a una vida libre de discriminación. A nivel mundial, casi un tercio de las mujeres de entre 15 y 49 años que han tenido una relación han declarado haber sufrido violencia física o sexual a manos de su pareja íntima. Una de cada veinte mujeres en la UE ha sido víctima de una violación a partir de los 15 años. El mundo en línea tampoco es un espacio seguro para las mujeres. Una de cada diez mujeres en la UE ha sido víctima de acoso sexual en línea desde la edad de 15 años. Según datos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, el coste de la violencia de género en la UE superó los 290.000 millones de euros en 2019. Como Socialistas y Demócratas, seguimos luchando por conseguir una Directiva rigurosa para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género que incluya una firme definición de violación basada en el consentimiento. Sin embargo, nuestra lucha no acaba aquí. Instamos a la Comisión a que presente una propuesta al Consejo para tipificar la violencia de género como eurodelito, de manera que las mujeres de todos los lugares de la UE queden protegidas frente a toda forma de violencia de género.
Queremos colmar la brecha salarial de género y la brecha de género en las pensiones para reforzar la independencia económica de las mujeres. Hoy, la brecha salarial de género todavía se sitúa en el 12,7 % en la UE y la brecha de género en las pensiones casi alcanza el 30 %. Una de cada tres mujeres en la UE no tiene un empleo remunerado. Las mujeres realizan gran parte del trabajo a tiempo parcial y del trabajo de asistencia domiciliara no remunerado, y el trabajo en los sectores con predominio de mujeres suele estar infravalorado y mal pagado. Como consecuencia, la pobreza es femenina: en Europa, más de 65 millones de mujeres viven en la pobreza en comparación con 57 millones de hombres, y la pobreza de las mujeres genera pobreza infantil. El Grupo S&D proseguirá su lucha contra la remuneración sistemáticamente más baja en los sectores dominados por mujeres abordando la cuestión de la igualdad de retribución “por un trabajo de igual valor”. Necesitamos unas directrices que nos permitan definir y comparar el valor del trabajo, así como criterios y herramientas de evaluación de puestos de trabajo neutrales en cuanto al género.
La desigual repartición entre hombres y mujeres del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado sigue suponiendo un obstáculo para la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y su promoción profesional. A fin de lograr un modelo de “iguales ingresos-iguales responsabilidades de cuidado” en la sociedad, estamos firmemente comprometidos y comprometidas con la aplicación de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de 2019 y con seguir desarrollando políticas de prestación de cuidados que fomenten unos regímenes equitativos de permiso parental y para prestación de cuidados. La recién adoptada Estrategia Europea de Cuidados debe seguir evolucionando hacia un ambicioso Pacto Europeo sobre Cuidados, dotado de instrumentos vinculantes y de una adecuada inversión pública. Su objetivo debería ser promover unas condiciones laborales dignas y unos salarios adecuados para todos los cuidadores y cuidadoras a fin de garantizar empleos de calidad que aumenten el atractivo del trabajo en el sector asistencial.
Los grupos más diversos toman mejores decisiones, más inclusivas y más sostenibles. Las mujeres que ocupan puestos de toma de decisiones constituyen importantes modelos a seguir para la próxima generación. Queremos que las mujeres, especialmente aquellas que afrontan múltiples formas de discriminación, estén representadas en pie de igualdad en el mundo de la toma de decisiones económicas y políticas. Para hacer que esto suceda, instamos al Consejo Europeo a establecer una configuración formal del Consejo sobre igualdad de género. La UE necesita una plataforma para que los ministros y ministras responsables realicen intercambios intergubernamentales en materia de igualdad de género. Seguiremos abogando por facilitar una representación más justa de las mujeres en la política, con cuotas, escaños reservados y listas cremallera, así como mediante la aplicación de códigos de conducta y estatutos de partidos con el fin de mejorar la cultura política.