Tras una campaña constante, los y las Socialistas y Demócratas lograron que se adoptara un tipo impositivo efectivo mínimo en la UE para las grandes multinacionales, lo que finalmente ocurrió en 2022. El nuevo tipo impositivo del 15 % reducirá la competencia fiscal entre países y, según las estimaciones, generará 48.000 millones de euros al año en ingresos fiscales adicionales para la UE, con los que se financiará la transición.
El Grupo S&D y sus aliados progresistas han conseguido establecer una contribución solidaria sobre los beneficios de las empresas energéticas. Aunque no se trata de un impuesto nuevo, esta contribución por parte de las empresas energéticas proporcionará apoyo financiero a los hogares y mitigará los efectos de los elevados precios minoristas de la electricidad.
La lucha contra los paraísos fiscales: a través de numerosas resoluciones, los y las Socialistas y Demócratas hemos encabezado los esfuerzos en el Parlamento para impulsar la reforma del mecanismo de la UE para evaluar y elaborar listados de los paraísos fiscales.
Bajo la dirección del Grupo S&D, la UE adoptó una ley sobre presentación de informes públicos país por país, que obliga a las grandes multinacionales a revelar dónde obtienen sus beneficios y dónde pagan sus impuestos. Con el apoyo del S&D, la UE también ha ampliado el intercambio de información entre administraciones tributarias, lo que abarca las plataformas digitales y los criptoactivos.
Los y las Socialistas y Demócratas han encabezado los esfuerzos para crear la Subcomisión de Asuntos Fiscales, una comisión permanente de eurodiputados y eurodiputadas centrada en la reforma fiscal. Por ejemplo, a raíz de las presiones de la subcomisión, la Comisión propuso nuevas normas para denegar ventajas fiscales a las sociedades fantasma en la UE.
Con el apoyo del Grupo S&D, la UE ha financiado la creación del Observatorio Fiscal de la UE, que lleva a cabo investigaciones innovadoras sobre fiscalidad y fomenta el diálogo entre la comunidad científica, la sociedad civil y los responsables políticos en la UE y en todo el mundo.
Desde el comienzo de esta legislatura, los y las Socialistas y Demócratas han abogado por introducir un tipo impositivo efectivo del 18 % en toda la UE para acabar con el traslado de beneficios a jurisdicciones con tipos impositivos bajos. Otras prioridades son hacer frente a las sociedades fantasma, que solo existen sobre el papel y cuyo único objetivo es reducir la factura fiscal, e introducir medidas para garantizar la adecuada imposición de las superganancias que se generan durante las crisis. También se requieren medidas adicionales para acabar con los incentivos fiscales desleales.
Necesitamos un paquete de fiscalidad progresista que sea capaz tanto de contribuir a los objetivos del Nuevo Pacto Verde como de atajar las crecientes desigualdades socioeconómicas. Hay demasiadas incoherencias en las actuales normas fiscales. Por ejemplo, no es justo que las aerolíneas no paguen impuestos sobre el queroseno, mientras que los trabajadores y trabajadoras tienen que pagar impuestos adicionales por sus desplazamientos al trabajo. Debemos hacer que los grandes contaminadores, como los sectores marítimo y aéreo, contribuyan en la medida que les corresponde y dar a las opciones de transporte ecológico el impulso que merecen.
Las ventajas del mercado único han beneficiado desproporcionadamente a las grandes empresas y a las personas más ricas, ya que estas pueden aprovecharse de las diferencias fiscales entre los países de la UE y pagar impuestos donde los tipos sean más bajos. En virtud de los Tratados de la UE, los ministros de finanzas deben acordar por unanimidad las políticas fiscales a escala europea. Como consecuencia, un único país, que puede ser también un paraíso fiscal de la UE, puede bloquear las reformas para cambiar la situación. A fin de avanzar rápidamente en materia de justicia fiscal en la UE, debemos pasar a la votación por mayoría cualificada en el Consejo con respecto a determinadas cuestiones fiscales.
La concentración de la riqueza ha aumentado en las últimas décadas y con ella las desigualdades. La riqueza de los de arriba no se filtra hacia abajo. Por término medio, el 10 % de los hogares más ricos de la mayoría de los países desarrollados posee la mitad de la riqueza total, mientras que el 40 % menos rico posee poco más del 3 %. Pero para hacer frente a esta desigualdad hay que asegurarse de que el capital y la riqueza no puedan trasladarse de un Estado miembro a otro a fin de beneficiarse de desgravaciones fiscales. Necesitamos medidas enérgicas para frenar este abuso. Los impuestos sobre el capital (impuestos sobre los dividendos y las plusvalías) deben alinearse con los impuestos sobre la renta, empezando por un marco mínimo de impuestos sobre las plusvalías a escala de la UE. La Comisión podría elaborar orientaciones para los Estados miembros que deseen establecer impuestos sobre el capital o los activos netos a fin de evitar divergencias dentro de la UE. En 2023, la Comisión Europea aceptó una Iniciativa Ciudadana Europea sobre tributación de la riqueza, impulsada por una eurodiputada del Grupo S&D y otros socios.
La llegada de la digitalización ha supuesto un gran avance, sobre todo al conceder a las personas la libertad de trabajar prácticamente desde cualquier lugar. Sin embargo, esta nueva flexibilidad tiene importantes implicaciones fiscales, ya que el impuesto sobre la renta de las personas físicas suele depender del lugar de residencia. Es fundamental que el trabajo a distancia siga siendo una opción y una ventaja para los trabajadores, y no un instrumento para que las empresas apliquen estrategias de elusión fiscal. Abordar la fiscalidad de los nómadas digitales y la proliferación de los incentivos fiscales que se les ofrecen debe convertirse en una prioridad a escala de la Unión, garantizando la equidad y la claridad en un panorama laboral que cada vez tiene menos fronteras.