Se espera que el Parlamento Europeo adopte mañana la hoja de ruta hacia una Europa social. Los Socialistas y Demócratas, que esperan con ilusión la aprobación de este nuevo plan, concebido para reforzar nuestra lucha por un futuro próspero, vuelven a recalcar que los derechos sociales deben ser igual de prioritarios que los objetivos económicos y medioambientales.
En 2017, nuestra familia política puso en marcha en Gotemburgo el pilar europeo de derechos sociales. Cuatro años después, en la Cumbre Social de Oporto, se adoptó un plan de acción con compromisos y objetivos concretos. A finales de este mes, nos volveremos a reunir en Oporto para emprender más acciones. Nos vamos a centrar en mejorar el pilar de derechos sociales, para convertirlo en un fuerte escudo que proteja la salud, la seguridad y las condiciones de vida de las personas, así como en abordar el impacto social de la pandemia de Covid-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania.
Tenemos que basarnos en el plan de Oporto, que define tres objetivos sociales principales que deben alcanzarse de aquí a 2030: una tasa de empleo de al menos el 78% en la UE, que cada año al menos el 60% de los adultos asistan a cursos de formación, y reducir en al menos quince millones el número de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social, incluidos cinco millones de menores. Esto no basta. Exigimos más objetivos, como la creación de empleo de calidad, una cobertura de la negociación colectiva de al menos el 80% de aquí a 2030, cero muertes en el lugar de trabajo y el fin de la situación de carencia de hogar para 2030*.
Agnes Jongerius, coponente del Parlamento Europeo sobre la Hoja de ruta hacia una Europa social y portavoz del Grupo S&D en materia de empleo, ha declarado:
“Europa es mucho más que un mercado y una moneda; Europa trata de personas. Queremos una Europa en la que todos los trabajadores y trabajadoras reciban un salario digno, todas las familias puedan permitirse un lugar donde vivir y ningún niño/a crezca en la pobreza. El futuro de Europa tiene que ser social o de lo contrario ya no habrá una Europa tal y como la conocemos y queremos.
El Grupo S&D siempre ha luchado por que la UE sitúe las cuestiones sociales entre sus máximas prioridades. Las muy necesarias transiciones digital y ecológica solo podrán producirse si van de la mano con el progreso social. La tan esperada reforma de la normativa fiscal de la UE solo resultará eficaz si se sustenta en principios sociales.
Europa suele verse únicamente como un proyecto económico, del que solo se benefician las grandes empresas. Esto tiene que cambiar. Tenemos que cumplir las promesas sociales que hicimos en Gotemburgo y Oporto para garantizar que la UE esté ahí para todos los europeos y europeas. Debemos poner fin a la austeridad a costa de los derechos sociales. Debemos velar por que los servicios esenciales —como la energía, el agua y el transporte público— estén al alcance de todos/as. Necesitamos una red de seguridad social para todos los europeos y europeas.
Dos años después de la Cumbre Social de Oporto, nos volveremos a reunir en un foro social en Oporto a finales de mayo para reforzar nuestra lucha por una Europa social. Pedimos a la Comisión, a los gobiernos de la UE y a todos los grupos políticos que se unan a nuestra lucha por una sociedad genuinamente próspera”.
*Nota para los redactores/as
Estas son otras de las demandas recogidas en la Hoja de ruta hacia una Europa social:
- El plan de acción de Oporto para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales debería revisarse periódicamente, y se necesita nueva acción legislativa por parte de la Comisión y los Estados miembros de la UE para garantizar su plena aplicación, con especial hincapié en la atención a la infancia, la protección social, la vivienda y los servicios esenciales.
- Los derechos sociales deben tener la misma prioridad que los criterios económicos y medioambientales.
- Pedimos legislación de la UE sobre regímenes de renta mínima, períodos de prácticas de calidad e inteligencia artificial en el lugar de trabajo.
- Exigimos una revisión de las normas sobre servicios esenciales para mejorar el acceso al agua, al saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales, además de la vivienda.
- Debe priorizarse el instrumento de la Garantía Infantil con un presupuesto específico de al menos 20.000 millones €.
- Debe garantizarse el derecho a la educación y la formación para todos los trabajadores y trabajadoras.
